El 10 de octubre se sabrá si Uribe queda libre o sigue detenido
Después de 12 horas de audiencia y la petición de la Fiscalía de dejar a Álvaro Uribe Vélez en libertad, La jueza 30 de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, decidió que sólo hasta el próximo sábado a las 8:00 a.m. se conocerá si es libre o no.
La decisión se conoció hacia las 9:50 de la noche luego de más de 12 horas de audiencia donde todas las partes implicadas expusieron sus argumentos, ante las acusaciones de soborno y fraude procesal.
La primera decisión compleja que tuvo que tomar la funcionaria de Paloquemao, fue la de señalar qué Álvaro Uribe Vélez, debería ser procesado por el sistema penal acusatorio y no por la ley 600 la que rige para los aforados constitucionales como lo era él, en su calidad de congresista.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia le rió la razón el lunes de esta semana.
El alto tribunal devolvió el caso a la jueza para definir qué de lo que hizo la Sala de Instrucción de la Corte se considerará válido en el proceso que ahora está en manos de la Fiscalía.
El Fiscal del caso, Gabriel Jaimes, solicitó que se le conceda libertad al expresidente procesado por presunta manipulación de testigos.
“La Fiscalía General de la Nación estima propugnar por el respeto a la legalidad, respeto por el derecho del que deviene necesariamente la libertad del ciudadano Uribe Vélez”, señaló Jaimes.
El representante el ente acusador señaló que la decisión de pedir la libertad del excongresista no representa el proceso de investigación que ser adelantado por parte de la Fiscalía General. Aseguró que habrá celeridad en el caso, no habrá impunidad.
Jaimes Durán indicó que hay que resolver cómo preservar el ordenamiento judicial al realizar el cambio de un sistema penal a otro, pues la misma normatividad no da esa claridad y se debe acudir a la interpretación que han dado los mismos jueces.
Los delitos por los que resultó investigado el exmandatario eran soborno en actuación penal y fraude procesal, y el expediente avanzó tanto, que el pasado 3 de agosto la Sala de Instrucción de la Corte resolvió su situación jurídica y ordenó su detención domiciliaria.
