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Exfuncionarios de la Supersociedades y Supersolidaria, no beneficiaron procesos en el mercado de libranzas

La Procuraduría absolvió a disciplinariamente a seis funcionarios de las dos entidades de control.

A los exsuperintendentes delegados de la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) y la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria), eran cuestionados por parte del Ministerio Público ante la presunta omisión por parte de los exfuncionarios sobre la supervisión (inspección, vigilancia y control) a operaciones de compra y venta de cartera de libranzas relacionadas con asociados de cooperativas y accionistas de las sociedades comerciales Estraval y Elite International de las Américas S.A.S.

En su más reciente fallo, la Procuraduría General de la Nación absuelve disciplinariamente a: La superintendente delegada para Procedimientos de Insolvencia, Ángela María Echeverri Ramírez y la superintendente delegada para la Inspección Vigilancia y control, María Isabel Cañón Ospina.

De Supersolidaria, los ex superintendentes delegados para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria entre marzo de 2011 y julio de 2015, Beatriz Duque Montoya; Juan Alberto Cortés Monsalve, Beatriz Elena López Ortega y Guillermo León Hoyos.

El abogado defensor de la Superintendente Delegada para la Inspección Vigilancia y Control, María Isabel Cañón, abogado Daniel Largacha Torres, señaló que en su momento la Procuraduría le indilgó la conducta de “presunta vulneración de los deberes que contienen los numerales 1, 15 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, según los cuales todo servidor público debe cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en las leyes y los manuales de funciones. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos los ciudadanos (…)”.

La investigada, por medio de su apoderado, presentó un escrito de descargos en el que solicitó las pruebas documentales y testimoniales, señalando las razones reales y jurídicas para decretarlas y practicarlas, al considerar que los declarantes podrán informar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos materia de controversia al interior de la Superintendencia Delegada y las diferentes direcciones y coordinaciones, sin brindar un explicación específica frente a la conducta descrita en el pliego de cargos.

La Procuraduría resolvió absolver a todos los implicados en esta investigación, el apoderado de María Isabel Cañón, señaló: “Estamos satisfechos con la decisión de la Procuraduría, tras cuatro años se pudo establecer que María Isabel Cañón no incumplió los deberes legales”.

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