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Jueces no abalaron tutelas que buscaban el retorno a la virtualidad

Dos acciones de tutela, una interpuesta por padres de familia y otra por directivos Sindicales, fueron negadas por dos despachos judiciales.

El primer fallo en contra de la suspensión de las clases presenciales en los planteles educativos de Ibagué, se dio por parte de la Asociación de Directivos Docentes del Tolima ASDETOL, quienes consideraban que al retornar a clases presenciales se les estaban vulnerando los derechos a la vida, salud, trabajo digno, igualdad y educación.

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito, en su primera instancia declaró improcedente la acción de tutela en la que se niegan a retornar a las clases presenciales; el despacho señaló que se les estaban garantizando todas las medidas para retronar a sus lugares de trabajo y que no se suspenderán las clases.

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Por su parte, la acción de tutela interpuesta por parte de los padres de familia del Colegio Liceo Nacional, fue negada por parte del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagué, que desestimó la acción judicial, que también pretendía la suspensión de clases presenciales en el plantel, al considerar que no se vulneraron los derechos de los menores y se brindaron las garantías de bioseguridad en el entorno educativo. 

Hay que recordar que con esta son tres las acciones de tutela interpuestas por parte de la comunidad educativa, que buscan impedir que los docentes y los estudiantes vuelvan a retomar las clases presenciales en las instituciones de la ciudad. 

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Es de resaltar que, para facilitar la reapertura de instituciones educativas oficiales, la Alcaldía de Ibagué lideró una jornada de vacunación a más de 4.000 funcionarios del sector educativo, sumado a la entrega de más de 80.000 kits de bioseguridad con caretas, tapabocas, alcohol, jabón, toallas, entre otros elementos para el cumplimiento de protocolos.

Con el propósito de verificar las condiciones del retorno, y en cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado Doce Administrativo mixto del circuito de Ibagué, la Secretaría de Educación conformó una comisión para evaluar en las sedes aspectos como infraestructura, servicios públicos, aforo, entre otros, que permitan un entorno seguro para estudiantes y docentes.

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