Camilo Ernesto OssaColumnistas

Ley de aranceles para proteger el sector textil y agrícola

Por: Camilo Ernesto Ossa B.

La apertura de los mercados a la libre competencia, no solo nacional sino internacional, ha generado la afectación de varios sectores económicos en Colombia, pero en el departamento del Tolima nos ha golpeado en sectores claves de la economía local, mencionemos dos, el agrícola y el textil, donde la afectación no es por la libre competencia, no señores, es justamente por la ausencia de una política de competencia eficiente y, creería yo, también equitativa. La salida, al estilo estadounidense, está en la creación de una Ley de Aranceles, que imponga “derechos compensatorios” a las importaciones que se generen con la ayuda de un subsidio del gobierno productor, esas ayudas públicas que alteran la balanza de la competencia, se deben compensar en beneficio del productor local.

Es por ahí que debemos proteger estos sectores, con una ley que compense los daños ocasionados por una competencia desigual, no con reuniones y acercamientos con los que mantienen estas políticas  de Estado claramente anticompetitivas, pues el congresista no puede quedarse en un simple papel de gestor de reuniones, el congresista es en esencia un hacedor de leyes y de control político.  

Se han arrojado, de tiempo atrás, a los sectores textil confecciones y agrícola a una competencia agresiva y muy desigual, producto de una ineficiente negociación de los TLC –caso Corea para el textil y Estados Unidos para el agrícola-  y una malograda política de competencia que, como he venido insistiendo en este mismo espacio, no hemos sabido desarrollar y ejecutar, lo que ha desencadenado la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo y la quiebra de otro tanto de empresas que han forjado el carácter y la vocación económica del departamento. Por esta razón, en buena hora el senador Jorge Robledo y el representante Jorge Gómez le pidieron al Presidente de la República, a través de un derecho de petición, el aumento de los aranceles a las confecciones provenientes del continente asiático.

Con esta sola movida, en palabras de los congresistas, Colombia podría recuperar alrededor de “350 mil empleos en la industria de las confecciones –casi todos en mujeres cabeza de hogar-, mejorar la balanza comercial en cerca de 430 millones de dólares y generarle ingresos al fisco por 215 millones de dólares”. Es realmente una obligación moral la que tiene el gobierno nacional –máxime cuando en campaña en el año 2018 dejo una lista de promesas, claramente incumplidas-, con el sector textil confección del departamento. 

Esta es la cuota inicial de lo que debería ser una política pública en materia de competencia por categorías, donde, claramente, deben existir, vía Ley de la República, unas condiciones diferenciales para estos sectores de la economía, que son lanzados a un ring de pelea sin guantes y protector bucal, para que sean protegidos de prácticas anticompetitivas generadas en otros países pero con claros efectos en nuestro territorio. Más adelante hablaremos del cómo desarrollar esa política de competencia eficiente para estos sectores económicos, que dé verdaderos incentivos a la inversión y producción local, con generación de fuentes de empleo y un claro impacto en desarrollo económico nacional, pero, sobre todo, en el regional.

Camilo Ernesto Ossa B.

@camiloossa10

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