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«Permitir la dosis mínima es entregarle los parques y colegios a la delincuencia»: Alcaldesa Electa

Alcaldesa electa, Johana Aranda, criticó el Decreto donde permite el consumo de dosis mínima en los parques.

La alcaldesa electa de Ibagué, Johana Aranda, se fue en contra del Decreto firmado por el gobierno de Gustavo Petro, en el cual le impide a la Policía Nacional decomisar las dosis mínimas de estupefacientes en espacios públicos. 

Aranda compartió: “con la derogación del decreto que autorizaba a la Policía decomisar dosis mínima de drogas en espacio público, le estaríamos entregando los parques y colegios a la delincuencia. Tumbar medidas contra el narcotráfico y dejar impunes a criminales pone en riesgo nuestra niñez”. 

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Y agregó: “nuestros parques y colegios no pueden ser la casa de los jíbaros y el consumo de drogas. Tan pronto me posesione como alcaldesa de Ibagué, revisaré cada uno de los decretos existentes para proteger a nuestra niñez y juventud del microtráfico en las calles”. 

Su opinión la compartió a través de la cuenta de X, donde dejó claro que está en contra del consumo y venta de estupefacientes en espacios abiertos al público como parques en Ibagué. 

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Es de recordar que el presidente Gustavo Petro derogó el decreto del Código de Policía que previamente prohibía la posesión, tenencia, entrega, distribución y comercialización de drogas o sustancias prohibidas en espacios públicos. Esta medida, establecida por la norma 1844 del 2018, otorgaba facultades especiales a la Policía para combatir el microtráfico de estupefacientes.

La derogación de esta normativa ha generado debate sobre sus posibles implicaciones en la seguridad pública y la lucha contra el tráfico de drogas en las ciudades.

Mientras algunos argumentan que esta decisión del presidente podría tener un impacto positivo en la descongestión del sistema judicial y enfoques más centrados en la rehabilitación, otros expresan preocupación por el aumento potencial del microtráfico y sus consecuencias en la seguridad ciudadana.

El decreto firmado considera diversos elementos, como la cantidad de estupefacientes para uso personal, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y la protección del derecho a la salud, según el artículo 49 de la Constitución Política.

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Además, se menciona la necesidad de evitar la criminalización de personas consumidoras de drogas a través de medidas correctivas y orientar los esfuerzos institucionales hacia la lucha contra la oferta de sustancias psicoactivas y las estructuras de crimen organizado dedicadas al microtráfico y narcotráfico.

La derogación del capítulo busca armonizar las obligaciones del Estado, el cumplimiento de convenciones internacionales en materia de drogas y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1991.

Este nuevo enfoque también busca combatir el microtráfico y narcotráfico como fenómenos transnacionales, redirigiendo los esfuerzos institucionales hacia la oferta de las estructuras del crimen organizado.

 

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