La alcaldesa electa de Ibagué, Johana Aranda, se fue en contra del Decreto firmado por el gobierno de Gustavo Petro, en el cual le impide a la Policía Nacional decomisar las dosis mínimas de estupefacientes en espacios públicos.
Aranda compartió: “con la derogación del decreto que autorizaba a la Policía decomisar dosis mínima de drogas en espacio público, le estaríamos entregando los parques y colegios a la delincuencia. Tumbar medidas contra el narcotráfico y dejar impunes a criminales pone en riesgo nuestra niñez”.
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Y agregó: “nuestros parques y colegios no pueden ser la casa de los jíbaros y el consumo de drogas. Tan pronto me posesione como alcaldesa de Ibagué, revisaré cada uno de los decretos existentes para proteger a nuestra niñez y juventud del microtráfico en las calles”.
Su opinión la compartió a través de la cuenta de X, donde dejó claro que está en contra del consumo y venta de estupefacientes en espacios abiertos al público como parques en Ibagué.
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Es de recordar que el presidente Gustavo Petro derogó el decreto del Código de Policía que previamente prohibía la posesión, tenencia, entrega, distribución y comercialización de drogas o sustancias prohibidas en espacios públicos. Esta medida, establecida por la norma 1844 del 2018, otorgaba facultades especiales a la Policía para combatir el microtráfico de estupefacientes.
La derogación de esta normativa ha generado debate sobre sus posibles implicaciones en la seguridad pública y la lucha contra el tráfico de drogas en las ciudades.
Nuestros parques y colegios no pueden ser la casa de los jíbaros y el consumo de drogas. Tan pronto me posesione como alcaldesa de Ibagué revisaré cada uno de los decretos existentes para proteger a nuestra niñez y juventud del microtráfico en las calles. (1/2).
— Johana Aranda (@johanaaranda_) December 11, 2023
Mientras algunos argumentan que esta decisión del presidente podría tener un impacto positivo en la descongestión del sistema judicial y enfoques más centrados en la rehabilitación, otros expresan preocupación por el aumento potencial del microtráfico y sus consecuencias en la seguridad ciudadana.
El decreto firmado considera diversos elementos, como la cantidad de estupefacientes para uso personal, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y la protección del derecho a la salud, según el artículo 49 de la Constitución Política.
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Además, se menciona la necesidad de evitar la criminalización de personas consumidoras de drogas a través de medidas correctivas y orientar los esfuerzos institucionales hacia la lucha contra la oferta de sustancias psicoactivas y las estructuras de crimen organizado dedicadas al microtráfico y narcotráfico.
La derogación del capítulo busca armonizar las obligaciones del Estado, el cumplimiento de convenciones internacionales en materia de drogas y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1991.
Este nuevo enfoque también busca combatir el microtráfico y narcotráfico como fenómenos transnacionales, redirigiendo los esfuerzos institucionales hacia la oferta de las estructuras del crimen organizado.
