La Procuraduría General de la Nación ha requerido a la Gobernación del Tolima un informe detallado sobre el control de los pagos de los contratistas a sus trabajadores, luego de que se suspendieran las obras del Coliseo Menor de la Unidad Deportiva de la Calle 42 por mora en el pago de salarios y prestaciones sociales al personal contratado.
En una carta enviada al gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, la Procuraduría pidió un informe completo sobre los controles implementados para verificar el cumplimiento de los pagos que el contratista debe hacer al personal vinculado para adelantar la construcción del Coliseo Menor de la Unidad Deportiva de la Calle 42, con ocasión de la suspensión de la obra.
Además, el Ministerio Público requirió datos de contacto, la forma y fecha de vinculación laboral, así como los pagos efectivos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad social a los trabajadores contratados para la obra.
La Procuraduría también solicitó al gobierno departamental que relacione el número de contrato, valor, fecha de suscripción y nombre completo del contratista a cargo de la construcción de la edificación deportiva, así como los datos de contacto de quienes ejercen la intervención y supervisión.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ha solicitado a la secretaria y al gobernador que informen sobre las actuaciones correctivas implementadas por la administración departamental en relación con la presunta omisión de los pagos de ley, que habría dado lugar a la interrupción de las labores que cumplieron los trabajadores de la obra.
La entidad ha dejado claro que este tipo de actuación no puede constituirse en una herramienta de presión a los servidores o particulares, así se adelante con la intención de evitar perjuicios para la comunidad, la pérdida de recursos o la vulneración de derechos, sin perjuicio de la posibilidad de intervenir como vocera de un sector que desee defender sus derechos.
Al término del oficio la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué solicitó a la secretaria y al gobernador, citar las actuaciones correctivas implementadas por la administración departamental en relación con la presunta omisión de los pagos de ley, que habría dado lugar a la interrupción de las labores que cumplían los trabajadores de la obra.
