La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios inició averiguaciones preliminares contra 19 empresas de energía, acueducto y alcantarillado en diferentes regiones del país, con el fin de establecer si se presentaron regularidades en la medición de consumos y facturación de los servicios durante la cuarentena por Covid-19.
Según lo informado por la superintendente, Natasha Avendaño García, “Estas indagaciones preliminares se iniciaron como resultado de quejas y reclamos sobre cobros en las facturas presentados por usuarios, autoridades y congresistas, entre otros dirigentes”. Así mismo, la funcionaria indicó que se adelantará la gestión para determinar si hubo o no incumplimientos al régimen de los servicios públicos domiciliarios, en cuanto a la obligación de facturar con base en el consumo real y no en el promedio.
En la etapa de averiguación preliminar, la superintendencia deberá establecer si los hechos denunciados ocurrieron, si las empresas incumplieron la regulación o si estaban amparados en alguna norma o disposición legal. De ser así, se dará paso a una fase de investigaciones administrativas que pueden terminar en sanciones, indicó Avendaño.
Los implicados
Sobre Enel y Codensa, se recibieron al menos 9.000 reclamos y denuncias en Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca, Meta y Tolima. Otras empresas implicadas en la investigación son Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá, Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, Aguas de Manizales, Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, Acueducto y Alcantarillado de Popayán y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San José del Guaviare.
Las restantes 10 prestan sus servicios en municipios intermedios como la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios Industrial y Comercial del Estado de Miranda (Cauca), Empresas Municipales de Chinácota (Norte de Santander), Empresas Públicas de San Rafael y Empresas Públicas de la Ceja (Antioquia), Empresa de Servicios Públicos de Chaparral (Tolima). Aguas de Puerto Wilches (Santander). Aguas Manantiales de Pácora (Caldas). Aguas de la Sabana (Sucre y Córdoba), Empresa de Servicios Públicos de Villanueva (Casanare) y Empresa de Servicios Públicos de Tabio (Cundinamarca).
Estas empresas se suman a la lista previa sobre la que se inició investigación la semana pasada, entre las que están incluidas Cedenar, Alcanos de Colombia y Gases del Caribe.
#Atención | Con la apertura de 19 indagaciones preliminares, @Superservicios continúa acciones para establecer si hubo irregularidades en facturación de servicios durante la cuarentena. Toda la información aquí 👇🏼 https://t.co/VNXlSyB0uY pic.twitter.com/aReeaKEnv1
— Natasha Avendaño García (@navendanog) June 17, 2020
Celsia pasó por control de Asamblea del Tolima
En sesión ordinaria de la Asamblea departamental del Tolima, se hizo invitación a Mauricio Lasso Toro, representante Legal de la empresa de energía Celsia, para responder las inquietudes de los diputados, referente a los presuntos abusos en el incremento de las tarifas de energía en medio de la cuarentena por la pandemia Coronavirus Covid-19.
Los asambleístas criticaron lo que ellos han calificado como “atropello y abuso” en contra de los usuarios, por los considerables incrementos de las tarifas de energía en medio de la crisis económica generada por la pandemia Covid-19. Diputados como Giovanny Molina y Carlos Reyes reprobaron la facturación promediada y solicitaron la congelación de facturas.
Además, el diputado Renzo García cuestionó severamente el hecho de que la empresa de energía del Tolima haya sido privatizada e hizo mención a los Nule y a Alberto Ríos, allegado a Germán Vargas Lleras, quien estuvo vinculado al negocio de compra de lo que entonces era Electrolima.
