Un juez de control de garantías de Ibagué impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia a Rodolfo Gómez Díaz. Esta persona habría aprovechado su condición de servidor público en la dirección ejecutiva de la Rama Judicial, oficina de reparto, para manipular la manera como serían conocidas las acciones de tutela que allí llegaban.
Los casos que se pretendía, fueran tutelados, estaban relacionados con personas que buscaban mesadas pesionales, o en su defecto que las mismas fueran ampliadas en cuanto a los montos, sin que en ninguno de los casos los tutelantes contaran con los requisitos de ley para conseguir sus pretensiones.
Uno de los casos en los que habría estado involucrado el ilícito proceder de Gómez Díaz terminó con la condena de la exjuez Stella Ramírez Vargas, dos abogados y otra exfuncionaria. En este caso se comprobó que la jueza no tenía la competencia territorial para conocer los casos que le eran puestos a su consideración.
En estos casos se demostró la falsificación material de las actas de reparto de tutelas con las que se buscaba obtener jubilaciones por 1230 millones de pesos, dineros de Colpensiones.
Los hechos que motivaron la judicialización de Rodolfo Gómez Díaz habrían ocurrido entre marzo y noviembre de 2012 en la capital tolimense.
Por estos hechos el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Ibagué que lleva el proceso imputó al implicado como presunto responsable de los delitos de cohecho propio, falsedad material en documento público en concurso homogéneo y sucesivo con concierto para delinquir.
Ninguno de los cargos fue aceptado por el implicado.
