¿Legislando para las FARC o para la paz?
La actividad legislativa en Colombia desde aquel 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó por segunda vez el acuerdo con las FARC, contrariando la voluntad del pueblo, cambió por completo la historia de esta rama del poder público en el país.
Desde entonces, el Congreso de la República ha centrado todos sus esfuerzos en sesiones extraordinarias, para tramitar y aprobar Actos Legislativos, Leyes y demás normas que sirvan al propósito de las FARC, de lograr la impunidad frente a sus crímenes y alcanzar el poder con la elegibilidad política.
El vergonzoso camino del Congreso en el pos-acuerdo, empieza con la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 con la cual se dictó la Amnistía e Indulto y tratamiento penal Especial para los narco-terroristas de las FARC, donde entre otras cosas, consideran delito conexo con el político el de narcotráfico, que ha cobrado cientos de miles de vidas y dañado la fauna y flora del país por el uso de precursores químicos para procesar la coca, un crimen que atenta contra normas internacionales de derecho.
Luego vendría la reforma a la Ley 5 del 92, con la que se le dio participación directa en las plenarias de Cámara y Senado a los seis voceros de las FARC en el Congreso.
En el mes de marzo, se realizaron las discusiones sobre la mal llamada Jurisdicción Especial para la Paz, que es el mecanismo de venganza de las FARC para combatir a quienes en cumplimiento de la ley y la Constitución los atacaron y persiguieron. La JEP, que hemos llamado Justicia Especial para las FARC, es un tribunal que está conformado, entre otros por los señores, Álvaro Gil Robles de España, Diego García-Sayan del Perú y Juan Méndez de la Argentina, reconocidos por su animadversión contra las instituciones militares en sus respectivos países.
Como exigencia de la narco-guerrilla al gobierno, se tramitó el Acto Legislativo que “blinda” jurídicamente el acuerdo con las FARC para que, durante tres periodos de cuatro años, no se pueda modificar nada de lo acordado con esa narco-guerrilla. A ese propósito debemos anotar que ese mal acuerdo con las FARC, ingresó a la Constitución Política del 91, por lo que hace parte del articulado, máxime, cuando se convierte en criterio obligatorio de consulta para los fallos de las Altas Cortes.
Recientemente el Congreso aprobó el Estatuto de Oposición, para darle garantías al partido político de las FARC y otras colectividades que quieran participar en política. Ese Estatuto indica que se le asignará una curul en senado, al candidato a la presidencia que pierda la elección y quede en segundo lugar de votación.
Como todo esto no es suficiente para los narco-terroristas de las FARC, el gobierno que impulsa cada uno de estos Actos Legislativos y leyes, hizo aprobar el más grave proyecto; el que tiene que ver con la reincorporación a la política de las FARC. Este Acto Legislativo, es el que entrega 10 curules a las FARC, cinco en Cámara y cinco en Senado, sin que tuvieran que hacer política y buscar los votos.
Además de darle a las FARC las curules, les entrega financiación especial para que su partido pueda funcionar. En otras palabras, la narco-guerrilla, llega al Congreso, sin un voto y con la plata fruto del cobro de impuestos de los colombianos, sus víctimas para hacer política.
De estas nuevas normas constitucionales, también queda la entrega de 16 nuevas curules para las Circunscripciones Especiales, que llegarán a la Cámara de Representantes de las zonas que las FARC indique.
En virtud de las normas que le aprobaron a las FARC, el Congreso aumentará sus curules; en senado se pasa de 102 a 108, porque se debe sumar las 5 curules para las FARC y la curul que se le entregará al que quede en segundo lugar de votación para la presidencia.
En la Cámara de Representantes se pasa de 166 curules a 187, pues hay que sumar las 5 curules para las FARC y los 16 escaños para las Circunscripciones Especiales.
Aquí se está legislando para las FARC, no para la paz, porque es la guerrilla la que manda en el congreso, solo bastará con recordar como alias Iván Márquez llama a senadores en el recinto para presionar y hacer aprobar los proyectos de ley que favorece sus oscuros intereses.
Mientras el terrorismo sea el que dicte las normas, la democracia estará secuestrada y el pueblo sumido en la horrible noche.
