Abogado de las víctimas de maltrato laboral solicitaría a la Fiscalía imputar varios delitos entre ellos secuestro simple

Camilo Delgado, abogado que representa a los empleados afectados en la empresa Casta Agroindustrial, expresó la importancia de dar a conocer estos hechos: “Nos llevan un mensaje muy importante para los ibaguereños y tolimenses, y es que hoy tenemos la posibilidad de hacer valer nuestros derechos como trabajadores ante esos actos de abuso, de maltrato, de hostigamiento, de amenaza, de intimidación y de humillación que tristemente colocan nuevamente a Ibagué en la opinión pública nacional.”

El abogado confirmó que los empleados han enfrentado graves problemas psicológicos y, en algunos casos, psiquiátricos como resultado de su experiencia laboral: “Esto no se trata de un hecho aislado, como quiso hacerlo ver el representante legal de esta compañía. Son actos que se han venido presentando desde hace bastante tiempo y que han llevado a que muchos de esos trabajadores no solamente estén acudiendo a citas psicológicas, sino hasta psiquiátricas por la zozobra, la intimidación y las humillaciones sistemáticas a las que han sido sometidos.”

Delgado explicó que el incidente más reciente ocurrió durante la jornada laboral y que algunos empleados renunciaron debido al hostigamiento: “Esas renuncias no fueron un acto voluntario, sino provocadas por la hostigación, la humillación y el acoso laboral. Esto da lugar a que tengan derecho a reclamar una indemnización por despidos sin justa causa y la reparación de los daños y perjuicios que se han presentado… Particularmente, esto ocurrió en la jornada laboral, en horario de trabajo, cumpliendo sus funciones por uno de los socios que ejercen no solamente como gerente suplente de la compañía, sino que todos reconocen también la empresa como una de las personas que tienen cargos de dirección dentro de la compañía y que además de ello, pues ha generado varias situaciones”.

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En cuanto a las consecuencias legales para la empresa y sus representantes, Delgado detalló: “La primera es que siendo esto un acto que está prohibido por el legislador, la empresa que permita estas acciones de acoso, de maltrato, de humillación laboral está abocada a una serie de sanciones que van de multas que pueden ir hasta los cuatro mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de la recurrencia de esta misma conducta.

Segundo, que también por supuesto, los afectados quienes renuncien particularmente tendrán la posibilidad de demandar ante la jurisdicción laboral la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

Y tercero, que es algo muy importante, es que esto tiene unas connotaciones de carácter penal, de no ser así. La intervención del viceministro, que fue muy oportuna y que además ha estado en constante comunicación con nosotros y con varios de los empleados que hoy sienten aún miedo por lo ocurrido, pues han corrido traslado a la Fiscalía General de la Nación, donde presentaremos no solo la denuncia, sino que ejerceremos la representación como víctimas de los posibles o presuntos delitos que se pudieron cometer. Ejemplo, estamos hablando de unos delitos de hostigamiento, estamos hablando de incursos y calumnias, Inclusive vamos a plantear a la Fiscalía, se analice si la forma como se les impidió a estos empleados salir de la oficina después de este acontecimiento puede llegar a constituir un delito como el secuestro simple“.

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El abogado subrayó que esta acción legal busca establecer un precedente: “Esperamos que esto genere un precedente importante para que los trabajadores entiendan que la legislación en Colombia debe aplicarse para evitar tratos denigrantes y humillantes en el entorno laboral. Estamos comprometidos en llevar este caso hasta las últimas instancias administrativas, laborales y sancionatorias.”

La denuncia de maltrato y acoso laboral en la empresa Casta Agroindustrial y compañía Charry Trading S.A.S ha sacado a la luz una problemática que afecta a trabajadores en Ibagué y en todo el país. La representación jurídica liderada por Camilo Delgado tiene como objetivo hacer valer los derechos de los empleados y establecer un precedente importante contra el abuso laboral. La legislación colombiana prohíbe el acoso y el maltrato en el entorno laboral, y las sanciones para quienes lo permiten pueden ser significativas. Este caso será vigilado de cerca por las autoridades y la opinión pública en busca de justicia y protección para los trabajadores en Colombia.