Fue declarada la nulidad de la acción de tutela que suspendía la utilización de gases lacrimógenos por parte de la Policía Nacional, en contra de manifestantes que han protestado durante la emergencia sanitaria.
El magistrado Alexander Ríos, encargado de emitir el fallo de la Sala Laboral, haciendo énfasis en que la decisión de primera instancia de la acción de tutela habría incurrido en un falla del debido proceso a este mecanismo jurídico.
El togado también señaló que el juez que emitió la primera orden de suspensión de los elementos químicos, no tuvo en cuenta que la situación afectaría funciones primarias del Gobierno Nacional; en este caso del Ministerio del Interior.
A juicio del Tribunal, el juez no tuvo en cuenta la posición del Gobierno Nacional para adoptar una decisión que afecta directamente sus funciones, por ejemplo, del Ministerio del Interior.
«Resulta obligatoria la vinculación del mismo a la acción, a fin de que se pronuncie e indique si existen evidencias o no, que correlacione el uso de los agentes químicos para el control de protesta y el riesgo de contagio o mayor severidad de síntomas por COVID-19, habida cuenta su calidad de responsable de formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar la ejecución, planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional en materia de salud pública«, expresa la decisión.
Asimismo, se argumento que, si se trataba de proteger el derecho a la salud con esta decisión, el juez debió haber recurrido al Ministerio de Salud, allí la entidad debió presentar un concepto o estudio que evidenciara si mediante los gases lacrimógenos se podría propagar el virus del covid-19.
Llama la atención que dentro de la impugnación presentada por parte de la Policía Nacional en la primera instancia, no sólo se solicita revocar esta decisión, se pidió ordenar a los manifestantes conductas pacíficas durante la jornada de marchas y paros, así como considerar que, suspender el uso de armas no letales llevaría las autoridades hacer uso de las armas letales, esto con el fin de disminuir el riesgo para la vida de los uniformados y de la comunidad en general.
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Con la decisión del Tribunal, la Policía sí podrá usar gases lacrimógenos en caso que alguna manifestación se torne violenta o haya alteración de orden público.
