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Exfiscal que manipuló caso de falsos positivos en Chaparral, fue rechazada por la JEP

La exfiscal, Tatiana Oliveros Gutiérrez, condenada por vínculos con bandas criminales, fue rechazada por la JEP, y no recobrará su libertad.

En el sur del departamento del Tolima, el nombre de Tatiana Oliveros Gutiérrez, es muy recordado ya que fue la fiscal 58 de derechos humanos de Neiva, que dilató el proceso de ocho uniformados adscritos al batallón José Domingo Caicedo de Chaparral, involucrados en un caso de dos falsos positivos en esta misma región del departamento.

Los militares eran investigados y se encontraban privados de la libertad por la muerte de los chaparralunos John Faber Méndez León y Diomedes Collazos Peña, quienes desaparecieron de la región y varios meses después fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate el 15 de mayo de 2006, en el corregimiento El Limón en Chaparral, sur del Tolima.

La exfuncionaria de la Fiscalía, fue condenada a 21 años de prisión por nexos con Jairo de Jesús Durango Restrepo, alias ‘Guagua’, jefe de la banda criminal ‘Clan Úsuga‘ con quien coordinó operaciones de narcotráfico.

Oliveros Gutiérrez solicitó el año pasado que su caso fuera revisado por la Jurisdicción Especial para la Paz, en calidad de agente del Estado, no integrante de la fuerza pública. Posteriormente, solicitó que se le diera la libertad anticipada señalando que dicho beneficio quedó incluido en los acuerdos de Paz.

En la decisión a su petición fue adoptada por los magistrados Heydi Patricia Baldosea Perea y Mauricio García Cadena, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, donde se le negó el traslado a la justicia especial, especificando que los delitos por los cuales se le investigó por la justicia ordinaria no son de su competencia y no tuvieron ninguna relación con el conflicto armado.

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“Esa relación de los hechos punibles con el marco de guerra colombiano ha quedado decantada tanto por vía legal como jurisprudencial”, justifican en su decisión.

“Las conductas desplegadas por la requirente en su calidad de Fiscal Especializada adscrita a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario no tienen relación alguna ni directa ni indirecta con el conflicto armado, así como tampoco ocurrieron en relación ni en el contexto de este último,” precisaron.

“No se evidencia en parte alguna que su objetivo hubiera sido fortalecer a alguno de los actores de la conflictividad bélica colombiana, o aportar a la guerra a través de concederle ventaja militar a alguno de ellos”, concluyeron los dos magistrados que estudiaron la solicitud.

Hay que recordar que a la ex fiscal, se le comprobó por parte de la justicia Colombiana que estuvo relacionada con casos de favorecimiento a paramilitares involucrados en masacres en Caquetá, dilató procesos para lograr la libertad a ex militares comprometidos en ‘falsos positivos’ y hasta benefició a guerrilleros de las Farc, entre ellos a Hernán Darío Velásquez ‘El Paisa’.

Falsos positivos en Chaparral

En una operación encubierta realizada por parte del CTI de la Fiscalía, se encontró evidencia y pruebas concluyentes donde se evidenciaban las maniobras que utilizaba la exfuncionaria encargada de la protección de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario; Tatiana Oliveros Gutiérrez, manipulaba los expedientes para beneficiar a la parte acusada y así lograr la libertad, entre ellos, tres procesos adelantados contra dos oficiales y doce soldados por falsos positivos.

En el departamento del Tolima, era la encargada de llevar el proceso adelantado contra el sargento Divar Hernando Coral; los cabos Óscar Felipe Ángel y Óscar Enrique Riaño; los soldados José Albeiro Nieto, Julio César Ortega, Eder Édinson Triana, Carlos Hernán Varón y Jairo Ramírez, adscritos al batallón ‘José Domingo Caicedo’ con sede en Chaparral, Tolima.

Según se pudo establecer por el material probatorio, estos miembros del Ejército Nacional, participaron en la desaparición y asesinato de John Faber Méndez León y Diomedes Collazos Peña, oriundos de la municipalidad y a quienes presentaron como guerrilleros abatidos en combarte, el 15 de mayo de 2006, en el corregimiento de El Limón en Chaparral, sur del Tolima.

“Se dejó transcurrir el tiempo, sin actividad alguna, dando curso al vencimiento de términos, y consecuentemente a la libertad de los procesados, sin presentarse causa que justifique este hecho, salvo la inoperancia y el desinterés en los procesos”, explicó el fiscal 54 de la Unidad Nacional, Germán Arias Cortés, quien dirigió toda la investigación y logró la condena, ratificada luego por la Sala de Casación Penal de la Corte.

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