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Judicializan al alcalde de Armenia por irregularidades en contrato de atención en la emergencia sanitaria

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento domiciliaria contra José Manuel Ríos.

Hoy se realizó la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria en contra del suspendido alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, además de la ex directora del departamento de bienes y suministros, Gabriela Valencia por las presuntas irregularidades en contratación por covid-19.

Durante la mañana de este martes, el Fiscal Sexto seccional, le imputó cargos al mandatario en calidad de determinador, de igual manera a la ex directora de bienes y suministros en calidad de coautora.

La imputación se establece por los delitos de violación del régimen legal de inhabilidades, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Cabe destacar que tanto el mandatario como la funcionaria no aceptaron los cargos.

En la audiencia, se destacó que hubo una derivación de autoría y participación con irregularidades en el contrato 002 del 2020, debido a que no se había decretado la urgencia manifiesta.

Un fiscal del Grupo de Tareas Especiales Covid-19, con apoyo de la Dirección Especializada contra la Corrupción, de la Fiscalía General de la Nación, evidenció que la directora de Bienes del Municipio habría solicitado a dicha entidad 120 cajas de tapabocas y 630 cajas de guantes, al parecer, sin las formalidades legales y sin verificar precios, omitiendo estudios de mercado para valorar otras ofertas. El contrato fue celebrado y formalizado el pasado 2 de abril de 2020.

El material probatorio recopilado por el ente investigador dejaría ver que el accionista de Agroindustriales SAS habría hecho un préstamo de 50 millones de pesos al alcalde suspendido de Armenia, para financiar su campaña política.

Asimismo, se pudo establecer que los dos funcionarios aceptaron los precios ofrecidos por la comercializadora, los cuales, presuntamente, estarían por encima del mercado. Así las cosas, el detrimento al erario podría ascender a más de 25 millones de pesos.

Adicionalmente, la Directora del Departamento de Bienes y Suministro de Armenia habría inducido a la representante legal de otra comercializadora, con la que contrató otros elementos de seguridad, aseo y desinfección bajo el radicado 001, para que expidiera un oficio, con fecha 20 de marzo de 2020, en el que indicara que no tenía disponibilidad de tapabocas y guantes, con el fin de justificar su acción ilícita.

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