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La facilidad con la que internos de las cárceles extorsionan

En un solo año se han documentado más de 1.200 casos de extorsiones desde las cárceles del país.

A pesar de una millonaria inversión por parte de Gobierno Nacional para la instalación de bloqueadores de señales de celulares en los más de 120 centros penitenciarios, lo cierto es que, según voceros del sindicato del Inpec, estos aparatos jamás han funcionado por lo que los reclusos aprovechan esto para cometer delitos telefónicos.

De acuerdo a un informe revelado por la Fiscalía General de la Nación, desde enero del 2020 a la fecha, han abierto investigación de por lo menos 1.254 casos de extorsión carcelaria.

Alejandro Álvarez, integrante de la Federación Colombiana de Trabajadores del Sistema Penitenciario y Carcelario (Fecospec), explicó para La W sobre la ineficacia de los inhibidores de señal y aseguró que jamás han funcionado correctamente.

“Si los inhibidores de señal funcionaran, no habría celulares en las cárceles, extorsiones ni hechos de corrupción. Cuando los inhibidores de señal funcionaron, hubo problemas (…) es un contrato gigante del estado que no ha servido. Pocas veces he visto un mantenimiento”, precisó Álvarez.

Algunas de las regiones donde más hechos de extorsiones son:

  • Antioquia: 103
  • Boyacá: 86
  • Meta: 82
  • Bogotá: 82
  • Norte de Santander: 78
  • Huila: 73
  • Valle del Cauca: 68
  • Tolima: supera los 60 casos.

Lo que se cuestionan los voceros de los sindicatos del Inpec y la misma comunidad, es el fácil acceso a herramientas de telecomunicación y no hay manera de poder controlar que los internos tengan celulares porque la Corte Constitucional le garantiza el derecho a la comunicación.

El Contrato por más de $80 mil millones de pesos que se invirtieron para poner los bloqueadores de señales se han perdido, según Álvarez, fueron instalados, pero nunca se implementaron afectando la comunicación de las personas que residen cerca de las cárceles y no a los delincuentes que continúan haciendo fechorías dentro de los penales.

Em Ibagué, por ejemplo, los residentes del sector de Picaleña, presentaron varias quejas por las dificultades en la comunicación, situación que hoy en día no se ha resuelto y, mientras tanto, continúan las denuncias en las que los internos del Coiba de Picaleña siguen con las extorsiones a través de llamadas telefónicas.

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