Las FARC delinquen, ¿y la justicia? Bien gracias…
No solamente delinquen las FARC con la siembra, producción y exportación de toneladas de coca a los países del mundo, sino con todo su aparato criminal que pasa por el secuestro, el homicidio, el reclutamiento de menores y el lavado de activos, al que dedican enorme esfuerzo para legalizar millones de dólares producto de su actividad delictiva.
La Fiscalía General de la Nación acaba de dar con uno de los más importantes hallazgos en contra de los terroristas de las FARC, que aprovechando la impunidad que les entregó el presidente Santos, escondieron bienes, armas y montaron establecimientos de comercio para lavar su fortuna.
El fiscal general Néstor Humberto Martínez en sus investigaciones y persecución de los bienes de los guerrilleros, logró la primera operación contra una cadena de supermercados que dicen pertenece a testaferros de las FARC y está avaluada en por lo menos 230 millones de dólares.
En la operación fueron detenidos los hermanos Mora Urrea, encargados del manejo de los mercados, Supercundi, Merkandrea y Mercafusa, con 60 locales en Bogotá y en los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Quindío.
Según la Fiscalía testimonios de guerrilleros desmovilizados fueron claves para dar con estos negocios de lavado de activos de las FARC, donde se ofrecían productos muy por debajo del precio comercial.
Producto de este trabajo en contra de las finanzas de la guerrilla se empezó el proceso de extinción de dominio a 60 supermercados, 70 cuentas bancarias, siete casas rurales, cuatro fincas, 29 lotes urbanos, 15 apartamentos, tres viviendas, sietes locales comerciales y 27 vehículos.
Lo que queda en evidencia es que las FARC nunca entregaron un inventario de bienes reales para cuando menos, reparar a sus víctimas y sí por el contrario escondieron armas, propiedades y dinero para hacer política y comprar instituciones.
Como lo advertimos en su momento, la guerrilla y su presunto inventario de exprimidores, escobas, traperos, platos y pocillos era un desafío, una burla para los colombianos.
Pero lo que sería obvio es que de inmediato se identifique a los cabecillas de las FARC que hoy andan haciendo política para que se les expulse del sistema de Justicia que ellos crearon conocido como (JEP) y pasen a la justicia ordinaria para que respondan por la continuidad de sus delitos luego de la firma del acuerdo final en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016.
El fiscal Néstor Humberto Martínez durante el trámite de la Ley Estatutaria para la JEP, fue claro en advertir que “quien delinque después del proceso de paz queda sometido a la ley ordinaria como cualquier ciudadano”.
En este sentido quiero manifestar que al firmar el acta de compromiso con la JEP, los guerrilleros se comprometieron a aportar verdad como requisito para tener tratamiento especial en esta “justicia”, y al encontrarse que siguen lavando dinero deberían perder todos beneficios.
La Corte Constitucional en la sentencia C-674 de 2017 habilitó la participación en política de las FARC, a condición de que suscribieran compromiso de aportar verdad, no repetición y reparación a las víctimas, y así quedar habilitados para ocupar las 10 curules que les entregó el gobierno Santos en un mal acuerdo.
Como es evidente en el caso de lavado de activos, estamos frente a un claro incumplimiento al requisito establecido por la Corte Constitucional, de aportar verdad por parte de los jefes de las FARC y por lo mismo no podrían acceder a las curules hasta tanto no resuelvan su situación jurídica ante la justicia ordinaria.
Pero como aquí el derecho es para las FARC y no las instituciones; seguro ocuparán las curules mientras delinquen y quedan sus delitos en la impunidad
FIN
