ColumnistasJuan Manuel Díaz

Ni siquiera Álvaro Uribe debe estar por encima de la ley

Revuelo en el mundo político del país ha causado la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, de ordenar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, quizás el hombre más poderoso del país y de la historia reciente de la política colombiana.

En algo en lo que parecía imposible de ver en Colombia, el también Senador terminó con una decisión judicial a sus espaldas, y lo que es más indignante, es que los delitos que se le endilgan no tienen nada que ver con sus cuestionables periodos presidenciales, sino con una denuncia que interpuso el mismo Uribe en contra de su colega Iván Cépeda, y que se le regresó como un boomerang o como un asunto de justicia divina.

Fraude procesal y falsos testigos son los delitos que le imputó la Corte a Uribe, y es probable que pese al show mediático y las lágrimas de sus copartidarios no solo en redes sociales, sino en la sesión no presencial del Senado del pasado 4 de agosto, donde pidieron Constituyente, llamamiento a la reserva activa de las fuerzas militares, entre otros absurdos; el expresidente pueda salir bien librado luego de interponer el recurso de apelación.

No obstante, que el caso haya llegado a semejantes instancias es una muestra contundente de la separación de poderes en Colombia y del Estado Social de Derecho, en donde ninguna persona por poderosa o amada que sea, puede estar por encima de la ley y de las instituciones.

Los vínculos de Uribe con el narcotráfico desde su época de Director de la Aeronáutica Civil, sus estrechos lazos y los de su familia con grupos paramilitares y mafiosos han sido debidamente documentados, no solo a través de documentales como Impunity, Expediente Uribe, y el ya trillado Matarife, sino a través de testimonios reales de auxiliadores de la mafia y el paramilitarismo como Popeye, Mancuso y HH, así como de líderes sociales, políticos y periodistas del país.

El arte de la rumorología

Todo ello sin mencionar las chuzadas del DAS, la violación de derechos humanos durante sus gobiernos, los falsos positivos, la Yidispolítica, entre otros asuntos evidentes, que hacen que la decisión tomada por la Corte Suprema y que si bien nada tiene que ver con lo mencionado, se convierta en un cuenta a gotas de justicia, la cual no debe tener sesgos políticos, sino un compromiso real con las víctimas y el país.

 JUAN MANUEL DÍAZ

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