Un nuevo alcalde del Tolima, termina con el proceso disciplinario que se abrió por parte de la Procuraduría por presuntas irregularidades en procesos de contratación durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional en marzo de 2020, a raíz de la llegada del virus del Covid-19 al país; se trata de Diego Andrés Guerra Quintero, mandatario del municipio de Rovira.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué, abrió indagación preliminar por presuntos sobrecostos denotado en el acta modificatoria Nro. 1 y 2 del Contrato de Prestación de Servicios de servicios Nro. 002 de marzo 21 del 202010, cuyo objeto es: “Contratar un Operador que garantice los Servicios para la Atención Integral de los Adultos Mayores en Estado de Vulnerabilidad del Sector Urbano y Rural en el Marco del Programa Canitas Saludables del Municipio de Rovira Tolima”.
En las últimas horas, Viviana Patricia Álvarez González. Procuradora Provincial de Ibagué, ordenó archivar el proceso, tras demostrase que no se había incurrido en ningún tipo de irregularidad o sobre costo, al modificar en dos oportunidades mediante acta el objeto contractual del servicios prestado a 615 adultos mayores del programa Canitas Saludables, en Rovira Tolima.
El objeto contractual buscaba la entrega de alimentación nutricional diaria constituida por: Refrigerio mañana, almuerzo, y refrigerio tarde, de acuerdo a minuta entregada por la nutricionista como el suministro del menaje requerido para el buen cumplimiento del objeto del contrato. Y, el servicio de enfermería y de medico
durante todo el horario de atención como el apoyo para las terapias físicas, para el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores. Además de las actividades culturales, deportivas y lúdicas recreativas; Estas fueron cambiadas por el suministro de 615 raciones de complemento alimentario, compuestos por productos determinados en dicha acta modificatoria.
Dentro del documento se especificó que la cobertura se ampliaba para incluir 15 adultos mayores que recibían alimentación en el centro de bienestar, pero que no se encontraban inscritos en el programa “Canitas Saludables” y era atendidos por caridad en el centro de bienestar y todos los días se acercaban allí a recibir los alimentos al no poder conseguirlos por sus propios medios.
El kit nutricional para cada uno se entregó cada 15 días, garantizándoseles la atención dada la restricción de la locomoción de los adultos mayores durante la cuarentena. Sin embargo, el contrato tuvo que ser modificado nuevamente, pues la mayor parte de los adultos no contaban con los medios o con la capacidad de preparar los alimentos en su lugar de residencia.
Es por esto que el 2 de mayo del 2020, el Alcalde Municipal, supervisor y contratista, suscriben acta de suspensión del contrato Nro. 01, contemplándose la posibilidad de entregar ración Industrializada casa a casa y
ejecutar otras actividades, inicialmente contempladas para así dar un mayor beneficio a los adultos mayores beneficiarios del programa canitas saludables.
Es así como se inició con la prestación de servicios de salud a los 615 adultos con médicos internistas, psicólogos, optómetras, odontólogos, entre otros profesionales de la salud, cumpliendo con el contrato a 185 días, pero con mayor prestación de servicios a la comunidad vulnerable.
“Que, si bien es cierto la prestación del servicio tuvo una breve variación respecto al tiempo de ejecución esto es de 286 días a 184 días, ello no implica que los costos para llevar a cabo las respectivas actividades tuvieran una
disminución considerable. Pues se debe tener en cuenta que para el año 2020 y más exactamente para el mes de julio, la población se encontraba confinada, lo que generaba una evidente dificultad para el desarrollo del objeto contractual, lo que configuró una planeación más estricta para el desarrollo y cumplimiento del mismo, más aún tratándose de personas de la tercera edad, quienes hacían parte de la población más vulnerable tanto en el ámbito municipal como nacional”, afirmó en sus declaraciones ante el ente disciplinarios en mandatario Guerra Quintero.
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Dentro de las justificaciones expuestas por parte de la Procuraduría, se señala que dentro de las modificaciones no se incumplió con la Ley de contratación, pues al realizarse las modificaciones del contrato en el marco de una emergencia manifiesta no se requieren estudios previos, “facultando a los representantes de las entidades administrativas adicionar o modificar los contratos estatales que se relacionaran con bienes y servicios que permitieran una mejor gestión y mitigar la situación de emergencia“.
En el documento se señala, “En consecuencia, al no darse los presupuestos señalados en el Art. 222 del Código General Disciplinario para formular pliego de cargos contra él aquí vinculado, se considera procedente ordenar el archivo definitivo de la presente actuación por los hechos investigados contra Diego Andrés Guerra Quintero, Alcalde Municipal de Rovira para la época de los hechos al tenor del Art. 224 en concordancia con el Art. 90 de la ley 1952 del 201922, al no existir mérito para proseguir con la misma”.
El mandatario, fue defendido por la firma de abogados Largacha Torres y Asociados, quienes señalaron que en su mayoría a los alcaldes y funcionarios públicos, que se les abrió investigación por parte de las IAS, corresponde a desconocimiento de las implicaciones que puede tener el decreto de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica y el fallos del Consejo de Estado señala que, la emergencia y las necesidades ya estaban preestablecidas por parte del Gobierno Nacional, por lo cual el paso de la justificación de la necesidad para la compra no era requerida.
Actualmente, los alcaldes de Girardot, Espinal, Rovira e Icononzo, ya salieron exentos de las investigaciones bajo la defensa de esta firma de Abogados.
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