Procuraduría cuestiona el afán de la Alcaldía por autorizar la cabalgata en Ibagué sin sustento técnico ni jurídico
El Ministerio Público solicita al Tribunal Administrativo del Tolima mantener la medida cautelar para garantizar el bienestar animal y la seguridad de los participantes y espectadores.
En la disputa legal que definirá si se llevará a cabo la cabalgata sanjuanera en Ibagué el próximo 25 de junio, la Procuraduría ha emitido fuertes críticas al decreto emitido por la Alcaldía, señalando que parece haber sido expedido con apresuramiento y sin sustento técnico ni jurídico, incumpliendo así la normativa vigente.
Ante esta situación, la Procuraduría ha solicitado al Tribunal Administrativo del Tolima, la autoridad encargada de tomar la decisión final en este conflicto, que mantenga la medida cautelar y no autorice la realización de la cabalgata hasta que se garanticen el bienestar animal, la seguridad de los jinetes y los espectadores.
El ente de control manifestó su preocupación por el afán de expedir el decreto, que evidencia un propósito de realizar el evento a cualquier costo, sin tomar en cuenta la autoridad de los jueces en la materia y sin garantizar la seguridad de los equinos, los asistentes y los jinetes, así como políticas de prevención del daño antijurídico y su valor cultural.
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Además, la Procuraduría hizo hincapié en la falta de técnica jurídica del decreto, citando un párrafo que exime a la Alcaldía de responsabilidad en caso de accidentes que puedan ocurrir durante el recorrido de la cabalgata, lo cual evidencia la falta de análisis técnico y jurídico previo para respaldar las conclusiones del documento.
Según la Procuraduría, el decreto debió tener en cuenta también los puntos de vista de otros actores interesados en el evento, como grupos animalistas, organismos de socorro y veterinarios. Sin embargo, se pone en duda si el tiempo será suficiente, ya que faltan tan solo ocho días hábiles para la fecha programada inicialmente.
El ente de control enfatizó que el acto administrativo no cumple con los parámetros exigidos por la medida cautelar, ya que es imperativo permitir la participación activa de los interesados, incluyendo asociaciones protectoras de animales y del medio ambiente, asociaciones de caballistas, comercio organizado, Cruz Roja, organismos de auxilio, Policía Nacional y facultades de veterinaria con sede en la ciudad. Esta participación debe otorgarse en un plazo razonable, lo cual no se evidencia a escasos ocho días hábiles de la fecha prevista.
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Finalmente, el Ministerio Público aclaró que no está en contra de este tipo de actividades, pero insiste en que se realicen con garantías para la protección de los caballos, sus jinetes y los asistentes de la cabalgata. La prioridad debe ser asegurar el bienestar animal y salvaguardar la integridad de todos los involucrados en el evento.
