La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por seis meses a la entonces alcaldesa de Calarcá, Yenny Alexandra Trujilllo Alzate (2016), por sobrecostos en el Contrato de Prestación de Servicios No. 137 de 2016, firmado con Transportes Granada S.C.A. por $538.373.604 pesos.
En la misma decisión fueron suspendidas por igual término las entonces secretarias de Asuntos Administrativos, Diana Lucía Orozco Poveda, y de Servicios Sociales y Salud, María Fernanda Arbeláez Valencia.
Se evidenció que las disciplinadas contrataron en 2016 el transporte para estudiantes del área rural a diferentes instituciones de Calarcá en condiciones de sobrecostos.
A juicio del ente de control con esta conducta se afectaron recursos públicos que la ciudadanía esperaba se invirtieran de manera austera.
La Procuraduría Provincial de Armenia consideró que con esta actuación de la exalcaldesa y las exsecretarias se afectó el patrimonio del municipio, y se desconocieron los principios de responsabilidad y selección objetiva que rigen la contratación pública.
Así mismo, incumplieron el artículo 24, numeral 5, literal c, de la Ley 80 de 1993 que determina que en virtud del principio de transparencia en los pliegos de condiciones “se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato”.
El Ministerio Público calificó las faltas de las exfuncionarias como graves cometidas con culpa grave, por falta de diligencia y eficacia en el desempeño de sus funciones.
Teniendo en cuenta que Trujillo Alzate, Orozco Poveda y Arbeláez Valencia no son servidoras públicas, las sanciones se convertirán en salarios mínimos de acuerdo con el monto de lo devengado al momento de cometerse la falta.
