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Tres coroneles del Ejército imputados por convenios irregulares por más de 3.000 millones de pesos

Los oficinales en uso de retiro, eran comandantes de batallón Especial Energético y vial No 6.

Ante un juez de control de garantías, un fiscal de la Dirección Seccional Bogotá imputó al teniente coronel José Domingo León Silva, al coronel en retiro Carlos Eduardo Leguizamón Díaz y al mayor en retiro Sigifredo Benjamín Bolaños Escobar, por su posible responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con la investigación, el 9 de diciembre de 2016, se suscribió el convenio marco de cooperación N° 16-054 entre el Ministerio de Defensa y la empresa Oleoducto Central S.A (Ocensa), por un valor de $3.331.198.332, el cual tenía por objeto el transporte aéreo de soldados hasta por 126 horas de vuelo.

Para la fecha de los hechos, Leguizamón Díaz y León Silva, como comandante del Batallón Especial Energético y Vial No. 6 del Ejército Nacional y segundo comandante de este, respectivamente; así como el mayor en retiro Bolaños Escobar, habrían incurrido en posibles irregularidades al firmar el acta de recibido a satisfacción de las horas de vuelo pactadas, sin que los traslados se hubieran cumplido.

El Batallón Especial Energético y Vial N°6 Prócer José María Carbonell, en su jurisdicción que la conforman cuatro municipios de Boyacá y dos poblaciones de Santander, tiene en su misión principal desarrollar operaciones militares tendientes a proteger la infraestructura económica del país, además, asumir la  seguridad de la estación de bombeo que pertenecen a diferentes empresas como  Ecopetrol, Ocensa y Transporte de Gas Internacional -TGI.

El material de prueba recopilado por la Fiscalía evidenció que las planillas en las que se consignaron los planes de vuelo fueron entregadas por Helistar, una empresa distinta a la que figuraba en el contrato. Esta situación configuraría una falsedad, con la que presuntamente se obtuvo el pago de las horas de vuelo que no se realizaron.

También se estableció con la Aeronáutica Civil que los recorridos aéreos no coincidían con las rutas registradas. Con las aparentes irregularidades se habría generado un detrimento a las fuerzas militares por el mismo valor del convenio. Al término de las audiencias, los procesados no aceptaron los cargos.

 

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