Una acción de tutela interpuesta por la Personería del municipio de Pitalito, Huila, y de la Procuraduría General de la Nación, obligó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario poner fin a las condiciones de hacinamiento de 64 personas privadas de la libertad -PPL-, en estaciones de Policía de Pitalito e Isnos, y trasladarlos a un centro de reclusión.
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En fallo de segunda instancia, el tribunal ratificó la decisión adoptada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito, que amparó los derechos fundamentales de las PPL a una vida digna y a la salud, y solicitó que al momento del traslado se cumplan los protocolos de bioseguridad y tengan prioridad quienes lleven más tiempo privados de la libertad.
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En la decisión, el tribunal señaló que el fallo de primera instancia no fue arbitrario ni desproporcionado al ordenar al Inpec efectuar los traslados, pues esa entidad es responsable de ejercer la inspección y vigilancia de los centros de detención transitorios.
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