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Defensoría mediará encuentro entre Duque y minga indígena

El Ministerio Público dispuso 74 funcionarios para acompañar la minga en Bogotá.

Serán los 74 funcionarios de la entidad los encargados de garantizar la protección de los Derechos Humanos y decepcionar las denuncias de los indígenas de la Minga. Así lo dio a conocer el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien señaló que por parte de la entidad se busca ser el mediador en los diálogos que sostengan los manifestantes con la Presidencia de la República.

El principal propósito del acompañamiento es agilizar un esquema de atención para evitar hechos violentos durante las manifestaciones, que se desarrollarán en Bogotá este 20 y 21 de octubre.

“En la labor de acompañamiento a la movilización de la minga, se ha dispuesto un equipo de 34 funcionarios, cuatro vehículos y una carpa de los derechos en el Palacio de los Deportes, para la recepción, seguimiento y atención de las quejas suscitadas en el marco de la protesta social”, señaló Camargo. 

Dijo que la atención y el acompañamiento se basará en los derechos de las comunidades étnicas que participan de la minga. “El objetivo de la carpa de los Derechos es recibir las quejas de los integrantes de la minga y darles trámite por gestión de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas y de la Defensoría Regional Bogotá, ante otras entidades o autoridades como la Procuraduría”, expresó. 

En ese sentido, agregó que “40 profesionales judiciales del área especializada en atención, cumplimento con los protocolos de bioseguridad, estarán en las Unidades de Reacción Inmediata (URI)”.

Así mismo, señaló que se realizará acompañamiento en todas las manifestaciones que sean desarrolladas en el marco de la minga en la ciudad de Bogotá.

Cabe recordar que funcionarios de la Defensoría del Pueblo han acompañado todo el recorrido de la minga desde varios puntos del país y han recibido las denuncias sobre algunas supuestas violaciones de Derechos Humanos. 

De igual forma, el Ministerio Público será el garante de las condiciones sanitarias que se dispongan para garantizar alojamientos dignos y atención a los indígenas.

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