La JEP ordenó el arresto de dos días de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, por desatender la convocatoria a una audiencia de finales de noviembre para que respondiera a los planes que tenía su departamento para atender a las víctimas de desaparición forzada.
Roldán informó el 23 de noviembre que la representación del departamento para atender ese llamado recaería en Walter Camilo Murcia Lozada, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca.
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Un día antes de la audiencia, el 27 de noviembre, la Gobernación del Valle del Cauca avisó que Murcia Lozada ya no sería el encargado de atender el tema, sino un funcionario de menor rango, William Hernández Arias, subsecretario de Gestión en Convivencia y Seguridad.
El 28 de noviembre, Hernández Arias estuvo en la audiencia, pero al día siguiente se ausentó sin explicación previa y ni él ni Gobernadora llegaron a la cita para explicar qué había hecho del departamento para ayudar a las víctimas de desaparición forzada.
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«En la lista de asistencia a la audiencia del 28 de noviembre se registró el señor Hernández Arias, así como a varios funcionarios de la gobernación del Valle. Sin embargo, el 29 de noviembre, fecha en la que correspondía la intervención de las gobernaciones, ni la mandataria, ni su delegado comparecieron. En audiencia se hizo su llamado público, se otorgó un plazo de espera de 2 horas para justificar su inasistencia o garantizar la llegada del delegado sin obtener respuesta alguna», precisó la JEP.
La ausencia provocó que la JEP abriera un «incidente de medidas correccionales» contra la Gobernadora y su funcionario, que posteriormente hizo llegar a la JEP un relato médico que advertía de un problema de espalda.
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Hernández Arias en su carta también excusó a la gobernadora Clara Luz Roldán al advertir que estaba en una «mesa cerrada de seguridad» por un «incidente de un campo minado» detectado en ese departamento y en el que resultó herido un militar.
Adelantándose a lo vendría y a manera también de excusa, el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Walter Camilo Murcia, el primero que debía asistir al llamado pero que luego fue excusado, envió una carta con tres supuestas acciones emprendida por la Gobernación para atender a las víctimas de desaparición forzada.
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«Hemos avanzado en diferentes acciones en pro de la defensa de las víctimas de desaparición del Valle del Cauca, ajustados a las herramientas con las que contamos actualmente, así como conscientes que el compromiso es y seguirá siendo velar por los derechos de las víctimas de desaparición, que tenemos un largo camino por recorrer y que cuenta con el compromiso de este ente territorial para avanzar en la justicia transicional», dijo un aparte de la justificación citada por la JEP.
El Tribunal de Paz aseguró que notificó el pasado 4 de diciembre a la Roldán y a Hernández Arias sobre el incidente, con el propósito de escuchar sus descargos, pero «hasta la fecha la Gobernadora, inexplicablemente, no ha ejercido su derecho de defensa en este incidente correccional. Tampoco se ha excusado con las víctimas de desaparición forzada, la sociedad vallecaucana, ni la Jurisdicción por lo sucedido».
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La JEP recordó en su fallo que las audiencias públicas que convoca «no son un mero trámite formal de impulso procesal», sino «diligencias» a través de las cuales se garantizan los derechos de las víctimas de manera que se requiere del «compromiso serio de quienes son convocados o delegados para asistir a estas».
Ese fue el argumento para ordenar el arresto de dos días de la gobernadora Roldán y de cinco días para su delegado Hernández Arias.
Además le comunicó al Comandante de Policía del Valle del Cauca para que el arresto se cumpla en «las instalaciones del Departamento de Policía del Valle del Cauca».
