Por presuntas irregularidades en el contrato 032 de 2020, celebrado entre la Alcaldía de Cunday y la Fundación Crecer Tolima, la Fiscalía General de la Nación, señala al alcalde de Cunday, Luis Gabriel Pérez Rivera; la secretaria de Planeación, Viviana Paola Granada, y a Luis Albeiro Medína Quintana, contratista; de cometer el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales en concurso con peculado por apropiación.
Según el ente acusador en dicho contrato se destinaron $85.000.000 de pesos, para la compra de insumos necesarios para mitigar el riesgo de contagio de la pandemia del Coronavirus en Cunday, Tolima. Dinero del cual se estableció por parte de la Fiscalía que hubo el contratista se apropió de al menos $54.685.799 de pesos.
Asimismo, se estableció de los elementos adquiridos por parte de la Administración no contaban con registro Invima, y no cumplían con las características establecidos por el Instituto Nacional de Vigilancia, para ser efectivos para prevenir el virus, lo que llevó a declarar que los productos eran fraudulentos.
Cabe recordar que en el país hay 10 alcaldes en el país que en este momento están siendo investigados por la Fiscalía y la Contraloría por irregularidades en la contratación de alimentos, productos de aseo, elementos de protección y otros, durante Emergencia Económica y Social declarada en el territorio nacional a causa de la pandemia por Covid-19.
- Armenia (Quindío), José Manuel Ríos Morales.
- Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez.
- Cereté (Córdoba), Luis Antonio Rhenals.
- Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez.
- Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balcero Contreras.
- San Pedro (Valle del Cauca), Jhon Jaime Ospina Loaiza.
- San Antonio (Tolima), Jorge Iván Vásquez Martínez.
- Guaduas (Cundinamarca), Germán Herrera Gómez.
- Palocabildo (Tolima), Nelson Gómez Velásquez.
- Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.
El ente acusador reveló que los alcaldes de Guaduas y Palocabildo fueron capturados en esta misma investigación.
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Palocabildo, Nelson Gómez Velázquez fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliario después de haber sido capturado por agentes del CTI, por la comisión de presuntos delitos contra la administración pública en esta época de Emergencia Económica y Social a causa del Covid-19.
La Jueza Primera Promiscua Municipal de Guaduas determinó detención domiciliaria para todos, por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, y contrato sin el lleno de requisitos legales.
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El alcalde del municipio de San Antonio, Jorge Iván Vásquez Martínez, se encuentra en una situación similar por la firma de un contrato con la empresa Fosther Servicios Integrales de Ingeniería S.A.S., el contrato contemplaba la compra de elementos de protección para mitigar el contagio del Covid-9, por $24.576.020.
Sin Embargo, los productos no tenían registro Invima. Se le endilgan los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento privado.
