
La solicitud remitida el pasado 07 de mayo al despacho del gobierno seccional, es carácter urgente. Allí la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía pidió la entrega de la historia laboral del Gobernador de los Tolimenses. Este medio de recaudo de información fue utilizado por la Fiscalía 10 delegada ante la Corte Suprema por una investigación que existe en contra el mandatario.
La solicitud expresa:
“Respetuosamente me permito solicitar la entrega de la documentación y soportes relacionados con la historia laboral, con el fin de determinar que responsabilidades públicas y/o privada cumplido en el pasado. En qué tiempo laboró, y ha laborado, el señor hoy gobernador JOSÉ RICARDO OROZCO VALERO, identificado con cédula No. *******, de igual manera, contar comuna hoja de vida del funcionario, deberá aportar copia de la misma a esta unidad investigativa, según orden a Policía Judicial No. 5458842 emitida por el señor Fiscal 10 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación de noticia criminal 11001600010202000092.”

Aunque no se dio a conocer por parte de las autoridades judiciales los hechos por los cuales se adelanta la investigación, se pudo establecer que estaría relacionado por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Según el asesor en Comunicaciones Alexander Castro, la Administración Seccional no realizará ningún tipo de pronunciamiento, ya que este tipo de indagaciones por parte de las Autoridades Judiciales, debería mantenerse en reserva para no violar el principio de inocencia que tiene toda persona que es sometida algún tipo de averiguaciones.
Hay que recordar que la administración de Orozco, esta bajo la investigación de la Contraloría y la Procuraduría por dos contratos que se ejecutaron durante la primera declaratoria de Emergencia Económica, el primero es el contrato suscrito por $244 millones con Certipostal S.A.S. para el transporte y entrega de kits nutricionales.
El segundo por el “Plan de Comunicación-Emergencia COVID-19-2020”, por un valor de $1.020 millones, con la empresa León Gráficas SAS.
Empresa que contrató con la Gobernación del Tolima, le dio la cara a los tolimenses




