«La demanda específicamente se realiza para decretar la nulidad de la elección de la persona del municipio de Melgar, ya que debido a las investigaciones realizadas por el grupo jurídico, nos pudimos dar cuenta de que existen algunas irregularidades en el proceso«, declaró Parra Salazar durante la rueda de prensa.
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Una de las principales irregularidades señaladas por el abogado es la falta de facultad de la Universidad del Tolima para llevar a cabo este tipo de concursos electorales. Según lo establecido por la sección quinta del Consejo de Estado, las entidades contratadas por los consejos municipales deben tener en su objeto contractual la facultad para realizar este tipo de concursos. Sin embargo, la Universidad del Tolima no cuenta con esta facultad en su objeto social ni en sus fines.
«Es fundamental que estas entidades tengan un reconocimiento por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y la universidad tampoco lo tiene», añadió Parra Salazar. Además, destacó que una resolución emitida por esta entidad en diciembre excluía a la Universidad del Tolima de las instituciones facultadas para realizar concursos de este tipo a nivel nacional.
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La demanda ha sido elevada ante el Tribunal Administrativo, donde se espera una pronta respuesta. «Gracias a Dios, el despacho donde cayó esta demanda ha sido muy diligente, y ya tenemos admisión de demanda y estamos en términos para que contesten una medida cautelar que se presentó», explicó el abogado. Se estima que los primeros fallos podrían emitirse en junio o julio, tras lo cual el caso sería remitido al Consejo de Estado para su segunda instancia.
Mientras tanto, la actual personera, Joyce Avilés, continuará en su cargo. «Por ahora, mientras se resuelve una medida cautelar que se presentó, la doctora Joyce Avilés se mantendrá en su posición», confirmó Parra Salazar.
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El caso ha generado gran controversia en el municipio de Melgar, donde los ciudadanos esperan una pronta resolución que garantice la transparencia y legalidad en el proceso electoral. La incertidumbre sobre el futuro de la personería y la repercusión de esta demanda en el ámbito político local están en boca de todos, mientras las autoridades judiciales trabajan en esclarecer los hechos y tomar las medidas correspondientes.