Productos electorales
En medio de la efervescencia electoral que vive el país, se imponen algunas reflexiones en torno a lo que significan los productos electorales en el marco de nuestra compleja y a veces poco comprendida realidad.
Para empezar debemos aceptar que la competencia por ganar un escaño en los órganos legislativos nacionales se inscribe en el marketing electoral y éste, a su vez, se enmarca en el denominado marketing social: de las ideas, de las causas sociales, de la defensa de los intereses de determinado grupo humano. Por ello, su concepción y práctica deben ser contempladas desde lo predominantemente social en un entorno dado y de acuerdo con las costumbres y los patrones culturales prevalecientes.
Es desde esta perspectiva que deben analizarse los tres componentes de cualquier producto electoral que es ofrecido a cambio del voto del elector: el candidato, su programa y, el partido o movimiento político.
Hablar del candidato implica no solamente hacer referencia a su imagen y a sus formas personales, sino sobre todo a su trayectoria y experiencia ya sea en el sector público o en el privado. Convergen en él sus ideas, su forma de presentarlas, sus actitudes, su temperamento, su carisma, el mundo familiar que lo rodea, su condición social, su extracción de clase, su formación profesional, su oficio, sus realizaciones, su transparencia.
El programa se refiere al paquete de propuestas y de soluciones presentadas a los potenciales electores en diferentes formas e intensidad. Es en el programa donde se refleja la plataforma ideológica y política que va a promoverse y ejecutarse una vez terminada la contienda electoral. Es en su conformación donde aparece todo tipo de asesores tratando de estructurar planes de corto, mediano y largo plazo que el candidato va a presentar.
El partido o movimiento hace referencia a la organización política a la que pertenece y pretende representar el candidato. De dicha organización se deriva no solamente la orientación política e ideológica que debe iluminar el programa a defender, sino los recursos económicos para financiar la campaña y la estructura logística de operación. En ella se condensa la historia de la organización, sus antecedentes políticos, su trayectoria en elecciones anteriores, pero sobre todo, su reconocimiento social en la dinámica de solución de los problemas de la sociedad.
Un rápido análisis de estos tres componentes del producto electoral en el contexto colombiano muestra una particular combinación que contrasta de forma visible con lo que sucede en otras latitudes. Aquí, infortunadamente, predomina el candidato y su imagen, más no el programa y el paquete de soluciones planteado en pro del mejoramiento de las difíciles condiciones de vida imperantes. Prevalecen las formas y la superficialidad del discurso acomodado y las promesas imposibles de materializarse, en una especie de carnaval de sueños que recorren los diferentes espacios de comunicación, a veces sin escrúpulo alguno, por la decepción que se pueda producir en cada ciudadano que les cree y vota.
Ello explica de alguna manera la escasez de debate en torno a las ideas y los aspectos programáticos, imponiéndose el ataque, la injuria y la calumnia por el contendor inmediato, como “eje de campaña”. También por ello emergen los “lugares comunes” en la “solución” de la problemática de sus potenciales electores llegándose, incluso a prometerse lo imposible sabiendo que después si no se cumple o se modifica lo prometido, nada pasa. El calendario y el cronograma de actividades a desarrollarse para concretar las propuestas también brillan por su ausencia. En fin, un vacío ideológico y programático que en nada contribuye a ejercer el sagrado derecho constitucional que tenemos de elegir a quien mejor nos represente.
Situación que se agrava aún más porque en el caso colombiano –también en varios países latinoamericanos- ha aparecido un “nuevo” componente del producto electoral que no ha podido ser contrarrestado del todo por ninguna estrategia de marketing: la tan conocida y ya descarada compra de votos. Práctica que además de elevar de manera signifcativa el costo de cualquier campaña electoral, compromete al ganador a recuperar su inversión de cualquier manera.
Ojalá algún día los ciudadanos tomemos conciencia que lo importante no son los “dimes y diretes” que se cruzan de forma descarada buena parte de los candidatos. Tampoco la venta del voto al mejor postor. Ojala que en el producto electoral que adquiramos prevalezca el interés colectivo y los programas sociales, que aprendamos a “castigar” a quienes nada nuevo ofrecen y poco han hecho en sus elecciones pasadas, que cuando entreguemos lo único que poseemos, nuestros votos y nuestras esperanzas, lo hagamos por quienes reúnan, de manera seria y responsable, en un mismo candidato, un programa y un partido de calidad; es decir que sus preocupaciones y acciones estén regidas por el bienestar de la mayoría y no por los intereses de un pequeño grupúsculo que solo busca su propia prosperidad.
ALFILER: ¿Qué karma estarán pagando los ciudadanos que viven en Bogotá? Es increible la mediocridad y la irresponsabilidad del llamado “gerente” de nuestra capital. ¿Cuándo será que Enrique Peñalosa dejará de mirar el espejo retrovisor para responsabilizar a la anterior administración de sus desaciertos e improvisaciones? Pero lo más atortolante no es solo la forma en la que “conduce” el presente y el futuro capitalino, sino la descarada forma en la que el “establecimiento” lo protege. Ya no solo son los medios de comunicación masiva de mayor impacto en la opinión pública los que tapan –o al menos intentan minimizar- su fracaso, sino la desfachatada manipulación que ha hecho el Consejo Nacional Electoral dándole largas a la revocatoria a la que los ciudadanos tienen derecho por diposición constitucional. ¡Y eso sin contar la inactividad de los órganos de control ante la inexistencia de sus títulos de postgrado con los que sacó pecho por muchos años hasta que se le descubrieron sus evidentes mentiras! ¡Qué cosas las que nos pasan!
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