La iniciativa presentada ante el Congreso de la República busca disminuir los costos que los estudiantes deben asumir en las Instituciones de Educación Superior, públicas y privadas, por concepto de inscripciones, matrículas, exámenes de habilitación, supletorios y preparatorios, derechos de grado, expedición de certificados, constancias, entre otros.
El proyecto de Ley, también abarca los costos que los estudiantes deben cancelar por concepto de servicios médicos asistenciales en el alma mater; para las Instituciones públicas se deberá fijar una tarifa de acuerdo al nivel socioeconómica establecido mediante evaluación previa, posteriormente informar al Ministerio de Educación para efectos de inspección y vigilancia. En cuanto a las Instituciones privadas, estas no podrán incrementar el valor en más de un 10%.
De otro lado, el articulado del proyecto establece que las Instituciones de Educación Superior públicas y privadas fijarán el plazo para efectuar el pago de la matrícula ordinaria, el cual no podrá ser inferior a veinte días calendario, a partir de la entrega del respectivo recibo. Además, que el incremento para la matrícula extraordinaria no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) de inflación del año inmediatamente anterior.
“Para nadie es un secreto que los problemas socioeconómicos son la principal razón de abandono en las instituciones de educación superior en el país. Entre las causas más comunes que vemos con respecto a la deserción, están los bajos ingresos familiares, el desempleo, la incompatibilidad entre trabajo y estudio y la falta de apoyo familiar, por eso este proyecto se constituye en una oportunidad porque elimina barreras de acceso a la educación superior”, explicó la representante Martha Villalba, autora y ponente de la iniciativa.
El proyecto fue aprobado en segundo debate con el apoyo de 133 Representantes a la Cámara.
