Marketing gubernamental en Colombia
Aunque pueda parecer extraño la aplicación de los postulados del marketing también se ha extendido a las esferas gubernamentales y estatales. Al menos así lo señalan las evidencias detectadas en ciertos países. La recurrente utilización de algunas de las técnicas del marketing es innegable. Desde el diseño y ejecución de sondeos permanentes para conocer la opinión y el grado de satisfacción o insatisfacción de los ciudadanos, hasta la formulación de estrategias y programas de mercadeo encaminados a solucionar la principal problemática, pasando por la estructuración de comunicaciones masivas ya sea induciendo ciertos cambios sociales o dando a conocer proyectos especiales de bienestar colectivo. Todo ello se ha hecho a partir de una clara y obligatoria segmentación de mercados. A través de este imperativo del marketing se ha buscado que de forma más o menos equilibrada toda la sociedad reciba los beneficios de determinada gestión de acuerdo con sus particulares características.
No obstante esta tendencia mundial, en Colombia y en varios países latinoamericanos, como muchas de las sinrazones que vivimos, hemos caminado en sentido contrario. Injustificable.
Aquí, al igual que en todos los países existen claras diferencias entre los grupos de la sociedad hacia quienes se les deben otorgar beneficios también diferenciados de acuerdo con sus necesidades más sentidas. Pero a diferencia de lo que sucede en otros territorios, aquí, a quién más necesita menos se le da, o peor aún, más se le quita por diferentes vías. Y paradójicamente, a quién más tiene más se le entrega, también por distintas rutas. Lo chocante es que las claras preferencias en favor de los más pudientes contrastan, de manera desvergonzada, con las inmensas necesidades de la mayoría de la gente que puso sus expecativas en manos de sus candidatos de preferencia el día que decidieron depositar su voto en las urnas.
Esta inequitativa práctica política y politiquera ha transformado la concepción del marketing gubernamental en Colombia en un arma que en lugar de contribuir a reducir los grandes abismos sociales entre unos y otros, ha profundizado las históricas desigualdades e inequidades. Mientras que para aquel segmento de mercado que de forma abrumadora “compró” con su voto un paquete de programas que solucionarían sus ingentes problemas no recibe su debido “pago” a través de los beneficios recibidos, una minoría es la que verdaderamente disfruta de los favorables términos que este singular tipo de intercambio cada día les entrega.
Y ello, con muy pocas honrosas excepciones, se ha sentido prácticamente en todos los niveles del gobierno. Desde las altas esferas del poder se toman decisiones que desde el marketing y su impacto en el bienestar de la mayor parte de la población son francamente incomprensibles. Pareciera como si quienes elegidos por voto popular o por nombramiento oficial perdieran el horizonte que los llevó a sus cargos y ungidos de una “incuestionable sabiduría”, se dedicaran a ejercer un desaforado autoritarismo que los lleva al abuso y al atropello. Todo ello por encima de las promesas con las cuales cautivaron la atención de sus potenciales electores, suscitaron su interés, estimularon su deseo y los indujeron a las urnas convencidos de las promesas impulsadas desde sus rimbombantes casas de campañas partidistas.
Las evidencias son múltiples. Basta con analizar la creciente pobreza que se ha vivido en Colombia en las últimas décadas que contrastan con las maquilladas cifras oficiales cuyos expertos parecieran residir en otros mundos. Y ni qué decir del víacrucis que hay que padecer cuando el ciudadano común y corriente tiene que relacionarse con alguna parte del Estado o del gobierno local, departamental o nacional. Todo allí es lento, complicado, errático, desesperante. La ineficiencia pareciera ser el elemento diferenciador. Nuestra realidad nacional está cargada de ejemplos por doquier no obstante que en tiempos de campaña se haya prometido, como producto electoral, la modernización institucional, la lucha contra la corrupción, la batalla contra la politiquería.
La insensibilidad para atacar los grandes problemas de nuestra maltrecha sociedad no tiene nombre. Qué importa sin al hacerlo se prioriza el interés de unos cuantos en detrimento de las inmensas capas de la población que carga con el lastre de haber nacido en la pobreza y sin mayores oportunidades de construir su propio futuro. Produce impotencia.
De otra forma no se pueden explicar las “sesudas” decisiones tomadas por cada gobierno que al terminar su respectivo periodo institucional, en vez de reducir la brecha social que ha prometido, incluso, acabar, la ha profundizado cada vez más como lo muestran las cifras de diferentes organismos oficiales.
¿Hasta cuándo seguiremos comprando productos electorales que no cumplen su promesa de venta electoral? ¿Algún día los elegidos por el voto popular o los nombrados en cargos públicos entenderán que el marketing gubernamental podría ayudarnos a todos a superar la endémica desigualdad que hemos vivido a lo largo de nuestra vida republicana?
Sería fácil si los funcionarios públicos dignificaran el noble ejercicio de la política y mostraran algunos sentimientos de sensibilidad social y humana en pro de las mayorías y de sus enormes carencias económicas y sociales.
El marketing gubernamental solo exige coherencia entre el discurso de campaña y las acciones plasmadas en sus respectivos planes de gobierno. No es mucho pedir, ¿o si?
ALFILER: Ahora dirán que Myles Frechette (exembajador de Estados Unidos en Colombia, 1994-1997) es un enmermelado castrochavista al declarar que Alvaro Uribe Vélez tuvo que ver con el auge del paramilitarismo en Colombia y que su desmovilización fue “chimba”.
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